Por Lucía Sánchez Solé, Fundación Bensadoun Laurent
“No me hubiera gustado nada, pero nada que mis padres fueran discapacitados psíquicos. No creo que los discapacitados de este tipo deban tener hijos. Si mi hija lo fuera la estilizaría sin dudarlo un segundo…” Es uno de los tantos comentarios que circula en las redes sociales, debajo de una noticia sobre paternidad y maternidad de personas en situación de discapacidad. Discursos que manifiestan y reproducen determinada ideología respecto a las personas que se encuentran -socialmente- ubicadas en esa situación. Se conforma una visión de la discapacidad, ligada a sujetos asistidos, sin voz, incapaces, en definitiva. Se ocasiona el aniquilamiento del ejercicio de un derecho fundamental: la autonomía, el derecho a decidir.
La discapacidad es producida social, cultural y jurídicamente, definiendo a las personas en su integralidad a partir de un déficit establecido. Se constriñen proyectos de vida por parte de una “mayoría sana” que infantiliza y castiga el hecho de no ser “normal”, como si la normalidad se tratase de un hecho natural, sin implicancias sociales ni culturales. Por el contrario, la idea de normalidad comprende la noción de un “deber ser” que orienta, estimula y estereotipa conductas, actitudes, formas de pensar, sentir y hacer en relación al otro.
Urge deconstruir significados históricamente arraigados, interiorizaciones y construcciones colectivas sobre una alteridad peligrosa que pone en riesgo el equilibro “natural” y las bases fundamentales que han sostenido y reproducido los procesos de sociabilidad. Se sustentan formas naturalizadas de ver y vivir en el mundo, ser padres, madres, estudiantes, trabajadores.
La reproducción acrítica y sistemática de prenociones y mitos cobra particular trascendencia cuando de la locura se trata. Son mitos que crean realidades y se reflejan en los propios marcos normativos. El debate por una nueva Ley de Salud Mental y el proyecto presentado por la Sociedad Civil Organizada (y lo realmente tomado de éste por los legisladores) visibilizan la persistencia de una visión de tipo medicalizado, con un paciente/padeciente en lugar de un sujeto activo con derechos.
La infantilización y la heteronomía se expresan en la frase “Si mi hija lo fuera la estilizaría sin dudarlo un segundo”, la cual seguramente da cuenta de un sentir ciudadano colectivo. Claramente aquí surge el contexto como discapacitante, y la “patología” como una etiqueta que marca un porvenir impuesto.
¿Cómo se constituyen subjetivamente esas hijas? Más allá de su función clínica, los diagnósticos tienen el riesgo de convertirse en herramientas que anulen, invaliden sujetos. Que se vea la persona en primer lugar con su historia (singular y colectiva) y no el diagnóstico, se presenta como un desafío cotidiano, inclusive para los profesionales del área. Lejos está de implicar lo mismo pensar a alguien como un discapacitado, con un destino marcado, que pensarlo como un sujeto en transformación e intercambio dialéctico y permanente con el entorno.
Para que el acceso a muchos de los derechos fundamentales no continúe siendo denegado, el lugar del Estado, de las políticas públicas y de la sociedad en su conjunto -en tanto constructores de subjetividad y realidad- debe ser necesariamente repensado. La posibilidad de construir nuevas estrategias de abordaje que superen una mirada de la otredad estereotipada implica una revisión crítica y colectiva para los profesionales, la familia y la sociedad en su conjunto. Consultar a las personas con las cuales se trabaja/convive, hacerlas parte real del proceso, implica proporcionarles el lugar de sujetos; personas que pueden y deben decidir sobre sus vidas, la resolución de sus sufrimientos, sus prioridades. Ello conlleva sortear el establecimiento primario de los déficits, con el afán de que no devengan en meros sujetos sometidos a pasiva y exclusiva asistencia.
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